Las cancillerías se agitan, los expertos militares acaparan los platós de televisión, pero la verdadera onda expansiva, silenciosa e implacable, es económica. Cuando los Guardianes de la Revolución prohíben el paso, los armadores detienen sus barcos y las aseguradoras mundiales cancelan sin más sus coberturas, se secciona la arteria yugular de la industria mundial. Casi una quinta parte del petróleo y una quinta parte del gas natural licuado a nivel mundial quedan atrapados allí. El peligro que se creía conjurado ha vuelto: el choque de oferta importante, violento e inmediato.
En esta tormenta, la economía real —la de la industria del plástico y los compuestos— se ve directamente afectada. Nuestra materia prima, procedente en su gran mayoría de la petroquímica, sufrirá mecánicamente la explosión de los precios del oro negro. Ahora bien, nuestros materiales están en todas partes: envases agroalimentarios, componentes de automóviles, aeronáutica, material médico. Este aumento de nuestros costes de producción se propagará como la pólvora por una miríada de sectores descendentes. La inflación importada volverá a afectar al carrito de la compra y al poder adquisitivo de los franceses.
La triple pena: nuestro masoquismo normativo debe acabar
Pero a esta doble penalización mundial (logística y energética), la industria francesa se inflige una tercera, puramente endógena y, digámoslo francamente, mortal.
Mientras el mundo se incendia y nuestros competidores internacionales se protegen a toda costa, Francia se obstina en lastrar a sus industriales con normativas que solo nosotros nos imponemos en el mundo. La transposición frenética de los textos europeos (como ilustra el proyecto de ley DDADUE) y la acumulación punitiva, dogmática y ciega de la ley AGEC son hoy en día un suicidio económico. Digámoslo como es: se trata de un sabotaje en toda regla orquestado por nuestra propia administración.
La ironía de esta situación es cruel. Para liberarnos de la dictadura del barril de petróleo, existe una alternativa industrial: el plástico reciclado, especialmente en los envases (que representan más del 40 % de nuestro sector). Pero estructurar un yacimiento masivo y sostenible es un reto colosal. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es implacable. ¿Cómo se puede esperar que nuestras empresas inviertan millones de euros en la economía circular y en la capacidad de reciclaje cuando, al mismo tiempo, el Estado francés intenta por todos los medios prohibir el plástico de un solo uso? Se nos pide que sobrevivamos a un tsunami mundial, al tiempo que se nos obliga a subir al ring con las manos atadas a la espalda por absurdas restricciones administrativas.
La hora de la derogación
Este choque geopolítico debe acabar con nuestra ingenuidad. La famosa «soberanía industrial», mantra repetido hasta la saciedad por el ejecutivo en los podios, revela hoy su profunda hipocresía. La soberanía no se decreta en los ministerios; se mide por nuestra capacidad para mantener nuestras fábricas en funcionamiento cuando el mundo se detiene.
No se puede amortiguar un impacto internacional de tal magnitud sin aflojar el yugo nacional. Dado que el Estado no podrá compensar indefinidamente el aumento de la factura energética con cheques públicos financiados por la deuda, debe utilizar la única herramienta gratuita, inmediata y salvadora de la que dispone: la simplificación radical.
La urgencia absoluta exige la derogación de las medidas francesas contrarias al derecho europeo y de las disposiciones más punitivas derivadas de la ley AGEC. Cuanto más se prolongue este conflicto en Oriente Medio, más asfixiadas estarán nuestras fábricas. La urgencia de actuar para liberar a nuestras empresas ya no es una simple frase, es una cuestión de supervivencia.
El estrecho de Ormuz está cerrado de facto. Francia, por su parte, debe abrir por fin los ojos ante su propio hundimiento.